La ley del más fuerte - Por Mario Wainfeld
Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma.
Hay
acciones gubernamentales de consecuencias tremendas o aciagas que no son,
forzosamente, ilegales. Las primeras medidas del presidente Mauricio Macri
propenden a redistribuir regresivamente el ingreso y van produciendo aumento de
la inflación, encarecimiento de la canasta familiar, pérdida de valor
adquisitivo del salario. Otras derivaciones imaginables y en germen son
despidos en sector público y privado. Esas secuelas son repudiables para
ciertos imaginarios pero para las derechas son el tránsito imprescindible para
un futuro mejor aunque, ay, remoto e hipotético. Las decisiones políticas,
entonces, no son inconstitucionales de cajón aunque eventualmente perjudicaran
a millones de personas.
Hay
decisiones que son ilegales, amén de criticables. El oficialismo las viene
acumulando en escalada contradiciendo su relato de campaña y de oposición. La
república perdida se va configurando en veinte días. La designación de dos
okupas en la Corte Suprema es el caso extremo, claro que no el único.
La
intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus
legítimos titulares.
Hay
que esperar a conocer los términos estrictos del DNU al respecto para calibrar
el alcance y la (in)validez legal de los anuncios realizados por el jefe de
Gabinete Marcos Peña. Todo indica que será una mancha más para el tigre
Cambiemos. Se verá.
En
el ínterin, con la sola palabra de Peña se produjo un retroceso fenomenal en
materia de libertad de expresión, de pluralismo, de los (imperfectos) intentos
de combatir una forma de concentración de poder fáctico.
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Los
cambios enumerados van mucho más allá de la fusión entre Afsca y Aftic. Apuntan
al corazón de la LdSCA, entran a su articulado, lo desbaratan.
La
narrativa oficial llama “levantamiento del cepo” a una megadevaluación.
Apostrofa a funcionarios con nombre propio cuando sus avances van mucho más
allá del relevo de protagonistas. Es un rebusque para disimular el objetivo
esencial. La intervención de la Afsca y el parto del Ente Nacional de
Comunicaciones (Enacom) no son “contra Martín Sabbatella” y sus supuestas
desviaciones o excesos de militantismo. Enfilan contra la regulación del poder
mediático.
La
legislación regulatoria de la propiedad de los medios existe en muchos de los
países capitalistas más renombrados y avanza en nuestra región. El periodista
Sebastián Lacunza, especialista en comunicación y director del Buenos Aires
Herald, lo expresó irónicamente en su twitter: “Limitar la concentración es
central en la populista legislación de medios de Alemania, Noruega y Estados
Unidos”. Se subraya: esas comarcas no son provincias de Venezuela.
Hay
en el mundo pocos conglomerados mediáticos tan expandidos como el grupo Clarín.
Es propietario de canales de TV de aire y cable, radios AM y FM, de un diario
nacional y una cantidad de provinciales, una empresa oligopólica que produce
Papel Prensa. La cadena Fox no se le compara, tampoco el Grupo Prisa, ni hablar
del New York Times. Hay que venir a este Sur, a las democracias incipientes y
jaqueadas para dar con poderes comparables.
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La
única urgencia que anima al DNU en cuestión es el ansia de revancha de Clarín y
el compromiso de Cambiemos de rendirle pleitesía. Como cualquier norma, la
LdSCA es reformable mediante otra ley. Se promete que así se hará, aunque en un
porvenir impreciso. De antemano, desde hoy mismo, se dejan de lado sin debate
público aspectos fundamentales de esa ley. De modo unilateral, sin dar cabida a
interesados de porte chico, a comunicadores, a académicos o juristas, a grupos
de interés, a universidades. Son perejiles en este juego.
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Otro
comunicador avezado, Martín Becerra, explicó en su twitter @aracalacana que los
artículos que ya se reforman o derogan son aquellos que fueron declarados
constitucionales por la Corte Suprema. El avasallamiento es absoluto y augura
un mercado cada vez más reducido y desigual.
Las
alegaciones a la libertad evocan la famosa mención al zorro en el gallinero.
Lacunza lo parafrasea irónicamente hablando de actores concretos: “Que todos
los actores puedan hacer todo. Clarín, Telefónica y la Cooperativa de
Apicultores de Pehuajó”. Adivinen quién va a prosperar, quién será el pez
grande, cuál el chico. Y cuál será el principal alimento de los peces grandes.
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La
judicialización se espiraliza al son de la ofensiva macrista. Se acumulan
fallos cruzados, contradictorios entre sí, difíciles de sintetizar y hasta de
enumerar.
Las
instancias superiores deberán desentrañar la madeja, con la Corte Suprema en el
vértice superior. Algunos círculos comienzan a cerrar. Uno de los aspirantes a
colarse en la Corte es el abogado Carlos Rosenkrantz ligado por lazos
profesionales, económicos, sociales y académicos con el Grupo Clarín.
¿Tendrá,
llegado el momento, la dignidad de excusarse, de no intervenir? Sus primeros
pasos autorizan a sospechar que no. Aceptó una nominación incorrecta, no tiene
el coraje cívico de explicarse en público, cuando presentó su CV omitió
puntillosamente toda alusión a su intensa y próspera relación con el
Multimedios. Más en general, suprimió cualquier alusión a la clientela
corporativa de su estudio, la flor y nata del empresariado nativo y foráneo.
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Se
describe al elenco macrista como una CEOcracia. Es también una elite de
egresados de colegios y universidades pagas. Apenas en solfa habría que
comenzar campañas para que Macri contemple un cupo femenino y uno de
profesionales de universidades públicas.
La
elite flamante define un sesgo ideológico, hasta ahí puede asumirse que son
criterios opinables. Si se raspa más asoma un problema potencial grave: el del
conflicto de intereses. El ministro de Agricultura Ricardo Buryaile es
dirigente de una corporación patronal “del campo”, propietario de explotaciones
importantes. La baja o supresión de retenciones en combo con la devaluación del
peso mejoraron su fortuna personal en cuestión de horas. Eso no es corrupción
en sentido convencional porque el beneficio fue sectorial y legales las
herramientas elegidas. Pero el cruce entre intereses privados y políticas
públicas signa al oficialismo. Cualquier lector o lectora dotad@ de agudeza
puede advertir que nos estamos apartando del eje de esta nota. Clarín no tiene
un CEO en el gabinete. Es cierto, pero sólo porque no le hace falta, tal es la
magnitud de su poder fáctico. Los ministros que le responden llevan la camiseta
amarilla y honran rápido una deuda construida en años.
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Los
cuestionamientos al DNU número “enésimo” brotan de fuentes diversas, hasta de
la mayoría de las ONGs que velan por la institucionalidad. Comunicadores de
toda procedencia, docentes universitarios, grupos comunitarios. Seguramente la
coalición de facto que se irá formando remedará a la que acompañó la urdimbre
de la LdSCA. El tiempo dirá si se amplió mucho. Acaso las políticas públicas
del kirchnerismo, demasiado centradas en la disputa con Clarín, no se
profundizaron tanto como para que germinaran cien flores. De cualquier forma,
todas las empresas sin fines de lucro, universidades u organizaciones sociales
seguramente sabrán cuál es su “contradicción principal”.
En
la actividad mediática, la concentración es una tendencia a la que solo puede
ponerle dique una intervención estatal constante y con apoyos sociales.
Es
éste un momento de malas noticias (en rigor, hechos concretos preocupantes)
para el Gobierno. Presos que escapan de una cárcel de máxima seguridad por la
puerta y con una pistola de juguete. Suba de los precios. Una concesión
gigantesca a los medios dominantes no impedirá que la realidad fluya, pero
podría conseguir que se la minimice, se la justifique, se responsabilice de
todo al kirchnerismo.
Para
el derecho a la información (que no es patrimonio de empresas ni de los
periodistas sino de todos los ciudadanos) ayer fue un mal día, no tiene pinta
de haber sido el peor por vivirse.
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